Costa Rica tiene el privilegio de albergar ocho ciudadanos que han servido como presidentes de la República; constituye su presencia un recurso potencial de importancia por la experiencia que cada uno tuvo por cuatro años de ejercer el poder. A través de los años se ha hablado de darles a los exmandatarios un cargo más formal – una diputación permanente, un órgano de asesoría a algo similar.  Lástima entonces que se equivocaron tanto en la última semana por el nombramiento de un nicaragüense en la dirección de SICA, un ente internacional basado en El Salvador.

Después de que el presidente Rodrigo Cháves, en consulta con el Canciller de la República, y según el Artículo 140 de la Constitución Política, anunció que aprobaba el nombramiento de Werner Vargas, los expresidentes públicamente rechazaron esa decisión. En ese momento todos los cancilleres y presidentes del resto de los países habían sancionado el nombramiento – después de todo le tocaba a Nicaragua nombrar la persona para el puesto. 

Si hay algo que naciones maduras conocen es que las relaciones exteriores de un país no pueden ser tema de debate político.  No puede haber más de una voz involucrada en lo que se anuncia en el exterior.  Si hubieran tomado su posición en contra del nombramiento de Vargas o de cualquier ciudadano nicaragüense antes del anuncio del mandatario costarricense hubieran estado opinando con derecho y razón de hacerlo.

Es justo preguntar a estos líderes sobre la reacción que hubieran tenido si en las primeras semanas de su administración los ex presidentes de ese entonces hubieran ido directa y públicamente en contra de una decisión tomada.  Seguramente hubieran hecho lo mismo que Cháves y hubieran agradecido su consejo pero que seguía adelante. 

Para enturbiar las aguas aún más, unos diputados, ignorando la separación de poderes, decidieron anunciar que ellos también estaban en contra del nombramiento de Werner Vargas. ¿Xenofobia?  ¿Populismo?

Al pensar en los expresidentes como fuentes de sapiencia más de uno recordará del desastre fiscal de las últimas administraciones.  Aumentaron gastos sin mejorar servicios, y pidieron dinero prestado de tal volumen que el actual presidente está heredando una situación parecida a una bancarrota.  Obras inconclusas, crecimiento de la pobreza, seguridad pública degenerada, miles de botellas y “mucho paseo” es lo que ha caracterizado a esas presidencias. Y lo que no les ha caracterizado es interés en el mantenimiento de la infraestructura nacional – puentes, puertos, carreteras, y el mismo tren urbano.  El último, Carlos Alvarado, por lo menos tiene excusa por el mal manejo del país – la pandemia.  Los demás solo pueden explicar sus esfuerzos en Zapote argumentando que su propia incompetencia causó el daño. 

Sí hay un par de los expresidentes que pudieron gobernar el país; a esos les serviría quitarse del “chat” para que no terminaran siendo asociados con los demás. Más de uno pudo manejar el gobierno con probidad y estos salieron con superávit. 

Que hablen los expresidentes—después de todo la Constitución Política les garantiza el derecho de hacerlo – pero de fijo ninguno es el “Oracle de Delfos.”

Carlos Denton

cdenton@cidgallup.com