La justicia demorada es la justicia denegada; este principio es conocido por todos los profesionales de derecho en el país incluyendo magistrados, fiscales y abogados.  Parcialmente se logra prontitud en algunos casos penales, pero en los de posible corrupción la norma es otra. Y ni hablar de fraude, que es más difícil de comprobar; casi se pudiera declarar estos como impunes.

Lo confortante con los casos de corrupción es que no prescriben nunca.  Entonces todavía pudieran ser acusados los que llevaron las grandes sumas de dinero del proyecto “La Trocha”, los del “cementazo” y los de tantos robos donde hubo confabulación de funcionarios con los delincuentes. Lo incomodo es que si no se han producido acusaciones en estos y otros casos es porque la fiscalía no es muy competente.  Argumentarán que “trabajan con las uñas”, que no tienen presupuesto, que tienen muchos casos y “solo pueden procesar algunos” pero la verdad es que hay pocos juicios y muchos se celebran muy demorados cuando los testigos ya no se acuerdan y los funcionarios ya no ocupan los mismos puestos.

En los casos de corrupción normalmente es “el pueblo” que ha sido victimizado y los habitantes individuales, acostumbrados a recibir mal servicio en general del gobierno, no se sienten especialmente afectados.  Que todas las calles y carreteras del norte del país estuvieron en mal estado en 2012 porque los recursos se enviaron a “La Trocha” donde fueron “desviados” es algo olvidable; nunca están en buen estado esas calles y carreteras. 

Pero en el caso de fraude ya hay victimas individuales.  Da lástima oír las historias de las personas que invirtieron sus ahorros de toda la vida con alguna empresa mal y frívolamente manejada por “hijos de papi”.  Ha habido varios casos de este tipo incluyendo “the brothers”, tiendas de electrodomésticos, financieras, desarrolladores de propiedades y otros y después de mucho tiempo, mucha reunión y declaraciones siempre hay dos resultados.  Nadie va a la cárcel y ningún inversionista recupera su dinero.

Hay una práctica que se debería declarar ilegal y es la de las apelaciones.  Si la fiscalía acusa a un habitante de haber cometido un crimen, lo lleva a juicio y pierde, ya debería de dejar de estar molestando a la persona inocente.  Un caso de San Isidro del General, donde una viuda es acusada de haber matado al marido y donde la fiscalía ha perdido tres veces, es algo rechazable.  No deberían seguir gastando el dinero de los contribuyentes en algo donde no han logrado comprobar culpabilidad.

Un 20 por ciento de los prisioneros en las cárceles nacionales no son convictos.  Han sido denunciados o la fiscalía piensa acusarlos y se preocupan de que pudieran manipular pruebas o fugarse.  Para los inocentes entre estas tres mil personas debería ser una experiencia sumamente desagradable.  Se supone que al ser inocentes deberían recibir trato diferenciado a los recibidos por los convictos, pero muchas veces por “razones presupuestarias” no es así.

El sistema judicial siempre pide más presupuesto para resolver el problema de prontitud. ¿Lo necesitan?

Carlos Denton, cdenton@cidgallup.com