¿REDUCIR DERECHOS CIVILES?
Los costarricenses pasaron por el desastre de la pandemia de Covid mejor que otras nacionalidades. En ningún momento hubo las restricciones en el movimiento y en reuniones de habitantes. El nacional tenía y tiene como derecho el estar en cualquier lugar del país día o noche las 24 horas. Si alguno deseaba dar una vuelta a pie por el centro de San José a las tres de la mañana o a las 2 de la tarde lo pudo hacer durante la pandemia.
Al día de hoy han muerto 9386 del coronavirus; es un número trágico y sumamente triste, pero al final de cuenta ese numero es .0018 de la población nacional.
En contraste Panamá restringió de manera drástica el movimiento de su población durante la pandemia. Por más de un año los hombres podían salir tres días por semana en días lunes miércoles y viernes por tres horas dependiendo en el número final de la cédula y las mujeres tres días los martes, jueves o sábado con el mismo sistema. Los novios se desesperaron durante esta tragedia.
Al día de hoy han muerto 8799 del coronavirus; muy triste y ni hablar de las familias panameñas que perdieron un ser querido. Al final de cuentas es .002 de la población nacional.
El punto es que estadísticamente no hubo diferencia en el costo en vidas de un sistema con restricción de libertades civiles y otro que dejó vigente las garantías.
Hablando a titulo personal he tenido ofrecimientos de residir en otro país, pero me he quedado con Costa Rica porque en mi opinión es el país más libre del mundo. Me opondré a cualquier esfuerzo o movimiento o candidatura presidencial que ofrece reducir el crimen y la delincuencia, pero para lograrlo se tendrá que recortar los derechos civiles.
En Nicaragua a la presidencia le gusta manifestar que en ese país viven en paz. Me pregunto ¿qué tipo de paz sería?
El Tribunal Supremos de Elecciones TSE en varias ocasiones a través de los años ha incursionado en la reducción de la libertad de expresión. Hace unos años por presión de la Asamblea Legislativa prohibieron la divulgación de los resultados de encuestas desde 15 a 30 días antes de una elección. La posición de CID/Gallup en esa situación fue que aceptaba una veda nacional. Si por cinco días no podía ver publicidad de candidaturas, ni editoriales ni discursos, colaboraba y tampoco divulgaría. Pero meter un bozal solo a los encuestadores no lo aceptaba.
Ahora el tema es la lucha contra la delincuencia. Anuncian algunos que no se puede sofocar la criminalidad si no se reducen derechos civiles. Tiene que haber alguna manera. Una manera pudiera ser aplicar las leyes existentes. Sacar de la calle los malhechores.
Ahora el TSE ha prohibido al segundo poder de la República a reportar sus logros según lo ofrecido en las elecciones de 2022. Alega que favorece un grupo afín a la presidencia y presentándose en la elección que culmina en febrero. Solo digo lo siguiente: “somos adultos señores con derechos.”